Derrumbe silencioso de la justicia
En México, la justicia no se desploma de golpe, se desmorona en silencio, trámite a trámite, audiencia a audiencia, muriendo lentamente. Así lo deja ver el más reciente informe del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, titulado “Elecciones judiciales: lo que pasó y lo que sigue, la agenda 2027”, un documento que retrata con precisión quirúrgica lo que los mexicanos llevamos años viendo en los pasillos de nuestros tribunales: un sistema agotado, capturado, ineficaz y profundamente desconectado de la gente.
La elección judicial de 2025, presentada como el nuevo paradigma democrático del Poder Judicial, fracasó en términos de legitimidad. A nivel nacional, sólo votó el 13 % del padrón, y de ese escaso porcentaje, uno de cada cinco votos fue nulo o en blanco. La ciudadanía respondió a la “revolución democrática de la justicia” con una mezcla de desconcierto, rechazo y apatía. Es claro que nadie cree en ese sistema, en esa transformación de cuarta.
¿Quién siente que la justicia es parte real de su vida cotidiana? ¿Quién cree que su voto puede mejorarla? El vacío en las urnas refleja un diagnóstico social profundo; prueba que el sistema judicial está tan lejos de la ciudadanía común que, cuando se le invita a participar en su configuración, simplemente no encuentra razones para hacerlo.
El informe de la IBERO va más allá. Documenta cómo, en varios estados, la elección judicial fue una operación política encubierta, orquestada desde los gobiernos estatales a través de los llamados “acordeones”, esas listas prediseñadas con los nombres “correctos” para votar en cada cargo judicial. El resultado fue una captura política eficiente, pues hasta el 90 % de los nuevos jueces y magistrados electos respondían directamente a intereses del Ejecutivo estatal.
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Pero el diagnóstico más severo no es sobre la elección, sino sobre el diseño general del sistema. A diferencia de otras federaciones como Estados Unidos, Brasil o Argentina, en México se invierte casi el doble en la justicia federal que en la local, pese a que más del 90 % de los conflictos de la vida diaria se resuelven en juzgados locales. Esto significa, en lenguaje llano, que quien pelea por una pensión alimenticia, por recuperar una vivienda invadida o por una indemnización laboral, enfrenta su drama en la trinchera más débil del sistema.
El informe recoge testimonios alarmantes, como son procesos que duran once años, madres que se convierten en abogadas autodidactas para entender los expedientes de sus hijos presos, personas que abandonan sus demandas por agotamiento emocional o ruina económica. El sistema no resuelve, solo desgasta, expulsa y, finalmente, disuade. Por eso no debe extrañarnos que México tenga una de las tasas más bajas de litigiosidad entre los países con conflictos sociales similares, es decir, la gente no deja de tener problemas, sólo deja de acudir a los tribunales para solucionarlos.
Frente a este colapso silencioso, el informe propone una reingeniería profunda y necesaria. Una de sus sugerencias más provocadoras es distinguir entre los casos simples y repetitivos, que podrían resolverse con mecanismos rápidos, digitales y estandarizados, y los casos complejos, que exigen jueces con formación interdisciplinaria, sensibilidad humana y capacidad de ponderación.
Otra clave está en la tecnología. El informe habla de expedientes digitales verdaderamente funcionales, plataformas de resolución en línea, asistentes jurídicos virtuales que expliquen los pasos de un juicio en lenguaje accesible, y sistemas de seguimiento donde las partes puedan ver el avance de sus casos en tiempo real. Son modelos que ya existen en otras latitudes y que podrían implementarse, al menos como pilotos en áreas sensibles y de mayor impacto social.
Sin embargo ningún sistema tecnológico funcionará si los jueces siguen siendo seleccionados por acordeones y afinidades políticas y no por vocación, capacidad y sentido de justicia.
@jchessal
