El dinero verde que nadie ve
En San Luis Potosí, desde este 2025, se cobra un impuesto ecológico. Lo han bautizado con distintos nombres: "impuesto verde", "impuesto ecológico", "impuesto a las emanaciones contaminantes". En teoría, suena bien: que quienes contaminan paguen, y que ese dinero se use para reparar el daño ambiental, mejorar la calidad del aire, recuperar áreas naturales y, en general, contribuir a un futuro más sano. Pero hay un problema enorme: nadie sabe en qué se está usando ese dinero.
Lo que debería ser un avance en materia ambiental, hoy está rodeado de opacidad. La Secretaría de Finanzas recauda millones de pesos de este impuesto, pero no informa con claridad cuántos contribuyentes han pagado, cuánto se ha recaudado, ni, lo más importante, a dónde se va cada peso. La Secretaría de Ecología tampoco da cuentas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿de qué sirve cobrar un "impuesto verde" si no se garantiza que el dinero realmente se destine a proyectos ambientales?
La transparencia no es un capricho. Es la única forma de saber si este impuesto cumple con su razón de ser o si se convierte, como muchos temen, en un impuesto disfrazado para tapar hoyos financieros del gobierno. Si la gente no sabe a dónde va su dinero, se rompe la confianza social y se destruye la idea de que pagar contribuciones puede generar un cambio positivo.
La Constitución y las leyes de transparencia son muy claras: toda persona tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos. Y más aún cuando se trata de un impuesto creado con la bandera de la protección ambiental. El derecho a un medio ambiente sano no se defiende con discursos bonitos ni con campañas de propaganda: se defiende con acciones reales, con presupuestos asignados, con obras verificables. Y eso solo se logra si hay transparencia.
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Además, no estamos hablando de centavos. La recaudación por este impuesto puede llegar a cientos de millones de pesos cada año. Con ese dinero podrían plantarse miles de árboles en la ciudad, construirse centros de monitoreo de aire, proteger nuestras sierras, invertir en transporte público limpio, o crear programas de reciclaje a gran escala. Pero si no hay información clara, solo queda la sospecha de que los recursos se están perdiendo en un barril sin fondo.
La ciudadanía tiene derecho a exigir rendición de cuentas. No es una concesión del gobierno, es una obligación constitucional. Por eso organizaciones civiles, como Cambio de Ruta, han levantado la voz: primero pidiendo formalmente la información a la Secretaría de Finanzas, después exigiendo públicamente al gobernador que dé la cara, y ahora solicitando incluso a la presidenta de México que intervenga. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque la experiencia nos ha enseñado que, si no hay presión ciudadana, la transparencia se convierte en letra muerta.
Hay que decirlo sin rodeos: la transparencia del impuesto ecológico es una prueba de fuego para el gobierno del estado. Si realmente creen en la protección del medio ambiente, deberían ser los primeros interesados en mostrar con orgullo en qué se está invirtiendo este dinero. Si no lo hacen, confirmarán lo que muchos sospechan: que el "dinero verde" terminó pintando de verde solo los discursos, mientras se gasta en lo de siempre.
La exigencia es sencilla: que se publiquen los montos recaudados, los proyectos financiados, las fechas de asignación y los resultados obtenidos. Con esa información en la mesa, la ciudadanía podrá evaluar, vigilar y participar. Y entonces sí, podremos hablar de un impuesto ecológico con sentido, no de una simulación.
En tiempos de crisis climática, no podemos darnos el lujo de la opacidad. Cada peso destinado al medio ambiente es una inversión en nuestra supervivencia. Por eso, este llamado no es solo para las autoridades, sino también para la sociedad: exijamos juntos claridad, porque lo que está en juego no es un simple impuesto, sino el derecho a un futuro con aire limpio, agua suficiente y ecosistemas vivos.
La transparencia no es una molestia para los gobiernos; es la única garantía de que cumplen lo que prometen. Y cuando se trata de la vida y la salud de todos, es inaceptable que el dinero verde se convierta en humo gris.
Delírium Trémens. Están invitados a participar en el 2º Foro de Seguimiento a la Reglamentación del Impuesto Ambiental en San Luis Potosí, un espacio abierto organizado por la Alianza Empresarial para reflexionar y dialogar sobre cómo este impuesto puede convertirse en una oportunidad de innovación, sostenibilidad y crecimiento para nuestro estado. Será el próximo martes 30 de septiembre en CANACINTRA, con entrada libre y registro gratuito.
@luisglozano
