Inundaciones

Entre el 6 y 9 de octubre de 2025, México sufrió una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Lluvias torrenciales provocadas por la interacción de los huracanes Priscilla y Raymond con sistemas meteorológicos del Golfo de México dejaron al menos 64 personas fallecidas, 65 desaparecidas y más de 100,000 viviendas afectadas en cinco estados del país El análisis de los encabezados periodísticos revela una narrativa donde la responsabilidad política, social y técnica se entrelaza y, a menudo, se pierde entre la magnitud de la catástrofe y las explicaciones sobre el fenómeno natural, pero, ¿Cómo esta distribuida la responsabilidad en lo sucedido?  

Los titulares de medios de comunicación destacan: “Los estragos por las fuertes lluvias en México dejan al menos 64 muertos y 65 personas no localizadas en cinco estados” (El País), “México reporta 64 muertos y 65 desaparecidos tras lluvias” (Yahoo Noticias), “lluvias e inundaciones en México que han dejado 38 muertos” (N+), y la reiterada alusión a Veracruz, Hidalgo y Puebla como los estados más afectados. Por su parte, la información técnica proporcionada por autoridades como la Coordinación Nacional de Protección Civil, enfatiza registros pluviales extremos -más de 280 milímetros de lluvia en Veracruz y Puebla en un solo día-. Además, en los encabezados, se destacan los efectos: cortes carreteros, colapso de viviendas y evacuaciones masivas, lo que genera una imagen de desastre. 

Los titulares subrayan la “atención de la emergencia” por parte del gobierno federal, con despliegues del ejército y la activación de protocolos de emergencia. Sin embargo, también se enfatiza la “falta de respuesta del apoyo local y federal” (TVAzteca), dejando entrever una insuficiencia estructural que va más allá de la reacción inmediata. Discursivamente, esta dualidad se agrava en los llamados de autoridades estatales y federales a la “solidaridad” y la “unión nacional frente a la adversidad”, retóricas que, aunque empáticas, minimizan el debate de fondo: la responsabilidad preventiva y la inversión en infraestructura. Algunas fuentes periodísticas y documentos oficiales apuntan a décadas de abandono institucional, fragmentación de competencias y falta de planeación, describiendo la catástrofe como “la consecuencia directa de décadas de abandono institucional, corrupción en la obra pública y una visión tecnocrática que priorizó intereses privados sobre el bienestar colectivo”. 

Los encabezados suelen aludir al “impacto sobre miles de familias” y a la acción de Protección Civil, pero rara vez problematizan la conducta ciudadana (tirar basura, saturar coladeras), los modelos de urbanización sin orden ni respeto ambiental ni la falta de una cultura de prevención. Las notas más críticas, de enfoque ambiental, subrayan que “la ciudad se inunda, aunque llueva poco” debido al crecimiento desordenado de la mancha urbana y la ausencia de planeación en el uso de suelo. La mayor parte de las notas integran voces técnicas (Conagua, UNAM) que diferencian entre “lluvias atípicas” y la insuficiencia del drenaje, resaltando la falta de mantenimiento de infraestructura hidráulica, el asolvamiento de coladeras por basura y la sobrecarga de sistemas antiguos incapaces de atender el ritmo de crecimiento urbano. 

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El discurso oficial intenta matizar, sugiriendo que la magnitud de las lluvias es “histórica” o “extraordinaria”, desplazando una exculpación parcial del gobierno sobre su responsabilidad estructural. Sin embargo, al cotejar con registros históricos muestra que no se trata de un fenómeno sin precedente, sino de la reiteración de vulnerabilidades sociales conocidas, pero no atendidas. Otros actores argumentan que “nadie estaba preparado” para lo ocurrido, pero el análisis muestra que la prevención ha sido crónicamente insuficiente, y que la imprevisibilidad climática no debería ser excusa para la falta de políticas públicas de adaptación y resiliencia. 

En conclusión: Los encabezados periodísticos ofrecen una visión que oscila entre la conmoción, el reporte de hechos y la apelación a la solidaridad colectiva; sin embargo, rara vez abren espacio a la discusión profunda sobre las causas estructurales y la multiplicidad de responsabilidades. La evidencia revela que el desastre trasciende la meteorología: expone el rezago en inversión, planeación, cultura cívica y adaptación técnica que históricamente caracteriza al país. La responsabilidad es compartida, pero diferenciada. El gobierno debe asumir el liderazgo en la planeación e inversión preventiva, la ciudadanía debe comprometerse con prácticas responsables y exigir rendición de cuentas, y los especialistas tienen el mandato ético de presentar diagnósticos claros y accesibles a la población. Sin este enfoque integral, las narrativas mediáticas estarán condenadas a repetir la cobertura de desastres evitables. Próxima colaboración: 05 de noviembre de 2025. 

@jszslp