La Deuda Universitaria
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En México, el ritual institucional se repite: discursos correctos, fotografías institucionales, compromisos genéricos. Sin embargo, persiste una realidad incómoda: las universidades públicas, garantes del derecho a la educación, siguen sin cumplir plenamente su responsabilidad pública frente a la inclusión.
En mi investigación sobre “Responsabilidad pública universitaria e inclusión en educación superior” revela una tendencia: la inclusión avanza más rápido en la norma que en la práctica. Las universidades cuentan con discursos y reglamentos, pero sus estructuras continúan operando bajo un modelo de “inclusión formal”, es decir, un cumplimiento mínimo y reactivo.
La inclusión universitaria suele tratarse como acción voluntaria. Pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los principios de Katarina Tomasevski —asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad— establecen que la educación inclusiva es una obligación jurídica, ética y administrativa. Cuando una universidad no garantiza accesibilidad digital, arquitectónica o curricular, no está fallando en una política: está vulnerando un derecho.
Innovación sin justicia: la brecha digital. Tras la pandemia, la educación digital se expandió, pero la digitalización no es sinónimo de inclusión. Las plataformas inaccesibles reproducen exclusiones previas. La brecha digital hoy constituye una nueva frontera de desigualdad. Si los contenidos no están en formatos accesibles o los docentes no aplican el Diseño Universal para el Aprendizaje, la universidad excluye desde la pantalla.
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Ética universitaria: el punto ciego. Otro hallazgo es la ausencia de una ética universitaria de la equidad. La inclusión suele estancarse entre presupuestos limitados y esfuerzos de profesores aislados. Sin mecanismos de evaluación y financiamiento sostenido, la inclusión se convierte en un mensaje vacío.
Cooperación docente: motor de la inclusión real. Los estudios internacionales son claros: las universidades que avanzan construyen comunidades de aprendizaje colaborativas. No hay inclusión posible con docentes trabajando en aislamiento. La coenseñanza y el acompañamiento pedagógico son claves para transformar la enseñanza.
De la inclusión moderada a la radical. Existen tres niveles: inclusión formal, moderada y radical. La mayoría de las universidades mexicanas permanecen entre los primeros dos. El desafío es dar el salto hacia una transformación estructural que articule currículo, tecnología y justicia educativa.
Responsabilidad pública: un llamado. En un día como hoy, más que celebrar, toca reconocer que la inclusión no es un favor: es la medida democrática de una universidad. La responsabilidad pública universitaria implica integrar la inclusión en presupuestos, currículos, planeación y evaluación. Una universidad que excluye, incluso por omisión, traiciona su razón de ser.
De momento se agotan las líneas de mi espacio editorial, las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
