"Obra pública: construir más no siempre significa construir mejor"

"Cuando construimos, pensemos que construimos para siempre." John Ruskin

La obra pública es una de las expresiones más visibles de la acción gubernamental. Una calle pavimentada, un drenaje renovado, un puente vehicular o una carretera rehabilitada permiten a la ciudadanía observar de manera inmediata el destino de los recursos públicos. Desde la perspectiva de la administración pública, el éxito de una obra no se mide el día de su inauguración, sino años después, cuando sigue funcionando y continúa generando beneficios a la sociedad.

La teoría contemporánea de la gestión pública sostiene que toda inversión gubernamental debe crear valor público. Autores como Mark Moore plantean que las instituciones deben orientarse a producir beneficios verificables para la colectividad y no únicamente resultados políticos de corto plazo. Bajo esta lógica, una obra tiene sentido cuando mejora la movilidad, fortalece la competitividad, incrementa la seguridad y conserva su funcionalidad durante la vida útil para la que fue diseñada.

Para alcanzar ese objetivo existen herramientas indispensables: planeación, proyectos ejecutivos sólidos, licitaciones transparentes, supervisión técnica y rendición de cuentas. Su lógica es simple: garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios duraderos para la población. La realidad, sin embargo, suele ser más compleja. Con frecuencia, el éxito de una administración se mide por el número de inauguraciones, la velocidad de ejecución o los montos ejercidos, mientras que la calidad constructiva y la durabilidad de las obras quedan en segundo plano. El resultado es una política de infraestructura que, en ocasiones, privilegia la rentabilidad política inmediata sobre el valor público de largo plazo.

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En los últimos cinco años, San Luis Potosí ha experimentado uno de los periodos de mayor inversión en infraestructura de su historia reciente. En la capital destacan los programas de pavimentación y rehabilitación integral de vialidades impulsados por el Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno del Estado ha destinado recursos a proyectos como la Vía Alterna a la Zona Industrial, la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, la modernización de carreteras regionales y la construcción de puentes estratégicos. También sobresalen obras en el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca orientadas a fortalecer la conectividad y la actividad económica.

Sería injusto negar la relevancia de estas inversiones. El estado enfrenta desafíos evidentes derivados del crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular y su consolidación como uno de los corredores industriales más dinámicos del país. La necesidad de nuevas vialidades y mejores conexiones es real y demanda respuestas institucionales de gran alcance.

Pero precisamente porque las inversiones son cuantiosas, también debe aumentar nuestro nivel de exigencia.

La discusión ya no debería concentrarse en cuánto se construye, sino en cuánto tiempo permanecerá útil lo construido.

Registros periodísticos de los últimos años ofrecen señales que merecen atención. En mayo de 2025 se documentó el derrumbe de una sección del puente vehicular de la Calle 71 y Periférico Oriente, inaugurado apenas un año antes. Especialistas señalaron posibles deficiencias relacionadas con la compactación de materiales y aspectos estructurales del proyecto. A ello se sumaron reportes sobre daños y desprendimientos en la misma infraestructura poco después de entrar en operación, abriendo cuestionamientos legítimos sobre la supervisión, el control de calidad y los procesos constructivos.

Las alertas no se limitan a obras concluidas. Más allá de los dictámenes que emiten las autoridades responsables, distintos casos han puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la revisión técnica en proyectos de gran magnitud.

A ello se agregan situaciones familiares para miles de potosinos: hundimientos, baches prematuros, pavimentos deteriorados y afectaciones originadas por infraestructura obsoleta. Cada temporada de lluvias funciona como una prueba de esfuerzo que exhibe deficiencias acumuladas en la planeación, la ejecución o el mantenimiento.

El problema de fondo trasciende gobiernos, partidos y administraciones. Una vialidad puede lucir impecable al momento de su entrega, pero si debajo existen malos cimientos, tarde o temprano aparecerán fracturas, hundimientos y nuevos costos para el erario. La experiencia demuestra que muchas obras siguen ejecutándose de manera aislada cuando la ciudad requiere una visión integral que articule movilidad, servicios públicos, urbanismo, conectividad y mantenimiento preventivo.

La administración pública moderna enseña que la infraestructura debe evaluarse mediante indicadores de desempeño y no únicamente por montos de inversión. Durabilidad, costos de conservación, seguridad vial, reducción efectiva de tiempos de traslado y satisfacción ciudadana son métricas mucho más útiles que los kilómetros de pavimento inaugurados cada año.

San Luis Potosí necesita más carreteras, más puentes y más vialidades. Pero necesita, con la misma urgencia, auditorías técnicas independientes, evaluaciones posteriores a la entrega de las obras, mayor transparencia sobre materiales y procesos constructivos, así como mecanismos efectivos de responsabilidad cuando se detecten fallas.

Porque una obra pública no es propaganda. Es patrimonio colectivo.

Los gobiernos pasan. Los eslóganes cambian. Los especuladores se renuevan. Los discursos se olvidan. Pero los ciudadanos seguimos transitando por las mismas calles, los mismos puentes y las mismas carreteras.

Por eso, el próximo gran proyecto de infraestructura para San Luis Potosí no debería ser únicamente una nueva vialidad o un nuevo distribuidor. Debería ser una nueva cultura de la obra pública: una donde la calidad importe más que la velocidad, la planeación más que la improvisación y la durabilidad más que la inauguración.

La historia es implacable: no recuerda los discursos, recuerda los resultados. El verdadero desafío para San Luis Potosí no es inaugurar más obras, sino edificar infraestructura que resista el tiempo, trascienda gobiernos y siga sirviendo a la sociedad cuando quienes la promovieron ya sean parte del pasado. Solo entonces podremos decir que no se construyó para una administración, sino para una generación; no para la fotografía del presente, sino para el futuro del estado.

Porque construir es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es construir algo que permanezca. Y esa, al final, es la medida más justa para juzgar cualquier gobierno.

jmanuelrm@msn.com