Sin mapa ni brújula
La elección popular de jueces y magistrados en el país y en San Luis Potosí fue presentada como un parteaguas histórico. Por primera vez, la ciudadanía pudo votar a quienes habrán de impartir justicia, un hecho que, en el papel, democratiza la conformación del Poder Judicial. Sin embargo, el entusiasta discurso de la renovación de un poder por voto popular contrasta con una inquietud creciente: nadie parece tener un diagnóstico claro de lo que realmente debe cambiar para que el nuevo sistema funcione mejor que el anterior. Leí con atención una reciente declaración de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa, que a mi juicio es reveladora. Al asumir el cargo habló de “cambios internos” y de la necesidad de un análisis profundo, pero no se ofreció un plan concreto, un calendario o siquiera una ruta crítica. Esto funciona como una preocupación provocadora, la reforma judicial en nuestro país corre el riesgo de quedarse sin mapa ni brújula, y en el plano simbólico: cambiar los nombres en las puertas sin tocar las causas de la ineficiencia, la impunidad y el rezago que asfixian al sistema.
La elección directa de personas juzgadoras puede ser un ejercicio de apertura, pero no garantiza por sí misma la independencia, la eficiencia ni la calidad de las resoluciones judiciales. El verdadero desafío comienza ahora, cuando las nuevas personas titulares deben traducir la legitimidad de las urnas en resultados palpables para la ciudadanía: juicios más rápidos, decisiones más claras, procesos más transparentes. El problema es que, sin un diagnóstico de los males estructurales, cualquier medida corre el riesgo de ser cosmética o simbolica. La justicia potosina arrastra, entre otros problemas, un rezago procesal alarmante: siete de cada diez personas en prisión carecen de sentencia y más de treinta mil asuntos permanecen sin resolución. Ninguna boleta electoral, por sí sola, resuelve ese déficit.
Para que la reforma no se convierta en un ejercicio de marketing político, las nuevas autoridades tendrían que emprender una transformación profunda que toque las raíces mismas del sistema. Se requiere abatir el rezago judicial mediante calendarios de trabajo intensivos, audiencias expeditas y la especialización de los juzgados para desahogar miles de expedientes. Hace falta construir una coordinación real con la Fiscalía y las corporaciones de seguridad para que los casos no se pierdan en la maraña institucional que mantiene a la impunidad por encima del noventa por ciento. La modernización tecnológica es impostergable: expedientes electrónicos, audiencias en línea, oficialías virtuales y un portal ciudadano de consulta permanente no son lujos, sino condiciones mínimas para ofrecer justicia en el tiempo actual. La profesionalización continua es igualmente urgente, porque la elección popular no sustituye la formación jurídica (decenas de videos sobre el desempeño de las nuevas personas responsables de la justicia en nuestro país dan fuel cuenta de ello); sin una escuela judicial estatal y un programa permanente de capacitación en derechos humanos, nuevas tecnologías y especialización de materias, la elección democrática puede derivar en improvisación. Y, por encima de todo, la transparencia debe dejar de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana, con publicación accesible de sentencias, estadísticas en tiempo real y evaluaciones internas que permitan saber si el sistema avanza o solo simula.
Cada una de estas acciones exige presupuesto (¿me están leyendo, personas que deciden los presupuestos en nuestro Estado?), voluntad política y capacidad técnica, no solo buenos propósitos. Hablar de eficiencia o de austeridad sin metas claras es prolongar el vacío de resultados que ha minado la credibilidad del sistema durante décadas. El nuevo Poder Judicial de San Luis Potosí tiene la legitimidad que le dieron las urnas; ahora necesita la legitimidad que solo otorga el desempeño. De lo contrario, la elección histórica del 1 de junio de 2025 pasará a la historia como un experimento democrático que no pudo entregar justicia.
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X. @marcoivanvargas
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