Indígenas reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI

Consejeros y representantes de comunidades indígenas náhuatl y tének de la Huasteca Potosina denunciaron la retención de 56.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), recursos destinados a obras básicas de agua, salud y movilidad.

El pronunciamiento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

Según el documento, la Secretaría de Bienestar y el INPI habrían incumplido suspensiones judiciales concedidas a comunidades indígenas para evitar recortes presupuestales. La primera afectación contabilizada corresponde a 38.9 millones de pesos, que impactan a 24 mil 168 personas de 13 comunidades localizadas en seis municipios de la región.

El caso más crítico es el de Tamapatz, en Aquismón, donde afirman ni siquiera se entregó la tarjeta para la dispersión de recursos. El monto autorizado para esa comunidad asciende a 17.2 millones de pesos, lo que eleva el total retenido a 56 millones 228 mil 910 pesos y la cifra de población afectada a 34 mil 991 personas.

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Las comunidades señalan que la falta de acceso a estos recursos frena obras aprobadas en asambleas comunitarias, esenciales para atender rezagos sociales históricos. Sin esos fondos, advierten, se limita la atención a necesidades prioritarias como infraestructura de agua potable, caminos y servicios básicos.

Además, denuncian que Bienestar e INPI habrían bloqueado cuentas bancarias, restringido retiros y presionado a las comunidades para desistir de sus recursos legales. También acusan intentos de imponer proveedores y contratistas, lo que califican como actos de "violencia institucional y política".

En su petición, los representantes indígenas solicitan a la Presidencia investigar a los funcionarios involucrados, liberar de inmediato los recursos y activar las cuentas bancarias de 14 comunidades, incluida Tamapatz. También pidieron la intervención del ministro presidente de la Suprema Corte y responsabilizaron a autoridades estatales y federales por las consecuencias que puedan derivarse de la defensa de sus derechos.