Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada
Critican el uso indebido del Modelo de Justicia Cívica para justificar retención arbitraria
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Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, afirmó que el caso de la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso evidenció una preocupante desviación del Modelo de Justicia Cívica en San Luis Potosí, al considerar que este mecanismo fue utilizado para justificar una retención arbitraria en lugar de privilegiar la mediación y la resolución pacífica de conflictos.
El activista señaló que, aunque Celia García Valdivieso y el joven que la acompañaba ya fueron liberados, los hechos ocurridos durante su arresto no pueden darse por concluidos. Aseguró que la actuación policial reflejó una serie de irregularidades que, a su juicio, constituyen una muestra de criminalización contra quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos y observación ciudadana.
Cisneros Sánchez sostuvo que la intervención de la defensora se produjo cuando intentaba moderar el uso de la fuerza contra un joven que presuntamente era señalado por una falta administrativa inexistente. En ese contexto, criticó que la autoridad municipal argumentara que la abogada "entorpecía las acciones de la autoridad", pues consideró que dicha justificación derivó en una detención que tuvo un carácter intimidatorio y de castigo.
Asimismo, denunció que durante las horas que permaneció retenida, García Valdivieso habría estado incomunicada. Añadió que el Modelo de Justicia Cívica fue desvirtuado al convertirse en un espacio de retención arbitraria, contrario a los principios para los que fue creado.
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El representante del Observatorio Indígena Mesoamericano también cuestionó la actuación de la administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos, al señalar que existe una discrepancia entre el discurso oficial sobre el respeto a los derechos ciudadanos y la forma en que operan algunos elementos policiales. Indicó que, como responsable de la corporación, el alcalde debe garantizar que sus mandos y agentes actúen con apego a la legalidad y al respeto de las libertades civiles.
Finalmente, Juan Felipe Cisneros Sánchez exigió que se investigue a los mandos policiacos involucrados en el operativo, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga para documentar las presuntas violaciones cometidas y que se garantice el cese de cualquier acto de intimidación contra activistas, defensores y ciudadanos.
Advirtió que la liberación de los afectados no elimina la necesidad de esclarecer los hechos y sancionar cualquier abuso de autoridad que se haya cometido.
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