Genera quejas el 20% de las solicitudes de información: CEGAIP
Las cifras fueron dadas a conocer durante la entrega del informe anual del organismo
Foto: Pulso
Aproximadamente una de cada cinco solicitudes de información pública en San Luis Potosí terminó en inconformidad.
En 2025 se presentaron 6 mil 763 solicitudes y mil 229 derivaron en recursos de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Las cifras fueron dadas a conocer durante la entrega del informe anual del organismo al Congreso del Estado, en un momento clave, pues la reforma en materia de transparencia establece un plazo de 120 días para la extinción de la Comisión y el traslado de sus funciones al Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, sostuvo que el sistema "seguirá funcionando hasta el último día" y que el proceso no debe entenderse como un reinicio institucional.
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De acuerdo con el informe, el 80 por ciento de las solicitudes fue atendido en primera instancia por los 254 sujetos obligados. El 20 por ciento restante necesitó una segunda intervención.
Para la CEGAIP, el dato confirma que el sistema opera, sin embargo, el propio balance reconoce que alrededor de 30 sujetos obligados incumplen con las obligaciones mínimas de publicación de información y que, en algunos casos, las verificaciones arrojan niveles prácticamente en cero.
Entre los incumplidos, dijo, hay partidos políticos, organismos públicos, operadores de agua y ayuntamientos.
El presidente del organismo argumentó que se ha privilegiado la capacitación y el acompañamiento institucional sobre la sanción directa, aunque existen medidas que van desde amonestaciones públicas hasta multas cercanas a 150 mil pesos.
Explicó que en varios casos el problema es desconocimiento de la norma, no resistencia deliberada.
En su posicionamiento, Navarro Alviso defendió la permanencia de un órgano autónomo al señalar que actualmente cualquier persona puede solicitar información sin revelar su identidad y acceder a recursos de revisión o denuncias cuando la respuesta es negativa o inexistente.
Con la legislación secundaria aún pendiente de armonización, el reto —dijo— será que la transición no interrumpa el ejercicio del derecho de acceso a la información.
CEGAIP, sin presupuesto aprobado
Aún sin fecha definitiva para su desaparición y sin presupuesto aprobado para una posible liquidación, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) atraviesa un periodo de transición marcado por definiciones pendientes.
Aunque el Congreso del Estado avaló la reforma constitucional que elimina al órgano autónomo, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, señaló que el proceso no puede concretarse hasta que se emitan las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales. Además, la modificación debe ser validada por los ayuntamientos y publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Mientras esa armonización normativa se resuelve —plazo que la reforma fija en 120 días— la CEGAIP continúa operando con estructura incompleta. Actualmente el pleno funciona con dos comisionados y voto de calidad de la presidencia, luego de que no se designara sustituto tras la conclusión del periodo de una integrante. Navarro no descartó que, si los tiempos se prolongan y coincide con el término de la otra comisionada, el organismo pueda cerrar su etapa final con un solo integrante.
La situación también impacta a los 46 trabajadores de base que integran la plantilla. Sus derechos laborales y antigüedad deberán respetarse, afirmó el comisionado; sin embargo, el Congreso no aprobó la partida cercana a 20 millones de pesos que se solicitó para cubrir una eventual liquidación al cierre de 2025. El monto definitivo, explicó, dependerá de cómo se estructure el proceso de entrega-recepción.
El nuevo órgano garante estaría adscrito a la Contraloría General del Estado, pero su diseño operativo dependerá de la legislación secundaria. Para Navarro, una alternativa viable sería incorporar al personal con experiencia a la nueva instancia, a fin de no perder el conocimiento técnico acumulado en materia de transparencia.
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