Reporta IMSS 200 interrupciones legales de embarazo en SLP

A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, el programa IMSS-Bienestar reportó más de 200 interrupciones legales del embarazo realizadas en seis unidades médicas ubicadas en las regiones centro, media y huasteca.

Aunque el cambio legal marcó un avance histórico, activistas y especialistas advirtieron que el acceso pleno al servicio sigue enfrentando barreras médicas, territoriales y legales.

Durante un conversatorio por el primer aniversario de la reforma, el doctor Luis Fernando Barraza Araiza, del IMSS-Bienestar, señaló que el principal logro ha sido ampliar la cobertura más allá de la capital y reducir la criminalización de las personas gestantes. Sin embargo, reconoció que el reto ahora es garantizar atención oportuna en todos los niveles del sistema de salud.

Por su parte, la representante de IPAS Latinoamérica, Diana García, señaló que el clima institucional en San Luis Potosí ha permitido avanzar más que en otras entidades, incluso atendiendo casos en etapas avanzadas de gestación.

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El doctor Carlos Adrián Chávez Herrera, del ISSSTE, advirtió que el temor del personal médico a realizar los procedimientos sigue siendo una de las principales limitantes. Explicó que la falta de información y la permanencia del aborto en el Código Penal generan incertidumbre, lo que lleva a que algunos trabajadores de la salud se declaren objetores de conciencia sin sustento legal.

Las representantes de IPAS LAC, Herma Araujo y Laura Romero de Abortistas MX, coincidieron en que las personas que viven en comunidades rurales o indígenas siguen enfrentando mayores obstáculos por los costos de traslado y la falta de atención en sus lenguas originarias. Propusieron fortalecer el primer nivel de atención, capacitar a personal médico y reconocer el papel de las parteras para garantizar un acceso equitativo.

Las activistas insistieron en que, mientras el aborto continúe en el Código Penal, persistirá una criminalización simbólica que limita su práctica. "El reto ya no es legal, sino garantizar que el derecho se ejerza en condiciones reales de igualdad y sin estigmas", concluyeron.