Revisa el IFSE contrataciones por honorarios en Congreso
Lecourtois López señaló que existen observaciones en prácticamente todos los poderes estatales
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Pagos a personal contratado por honorarios, posibles relaciones laborales encubiertas y contrataciones cuya justificación debe acreditarse, forman parte de las irregularidades detectadas en los poderes públicos de San Luis Potosí, reconoció Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Sin embargo, el auditor no precisó cuántos casos se han identificado, aunque señaló que existen observaciones en prácticamente todos los poderes públicos.
Uno de los casos bajo investigación corresponde al Ayuntamiento de capital, por la contratación de un funcionario panista que percibía aproximadamente 30 mil pesos mensuales de la nómina municipal.
Lecourtois López cuestionó la compatibilidad de ambas responsabilidades y señaló que corresponde al municipio justificar el pago con recursos públicos.
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En el Congreso del Estado también se revisan las contrataciones por honorarios, ante los señalamientos sobre familiares de legisladores incorporados a la nómina.
El auditor explicó que el requerimiento de documentación abarca a todas las personas contratadas bajo este esquema, con el objetivo de comprobar las actividades que desempeñan, y no únicamente a quienes tienen vínculos familiares con funcionarios.
Las revisiones también incluyen señalamientos sobre familiares de funcionarios en nóminas municipales. Aunque no hubo una denuncia formal para solicitar una auditoría especial al Ayuntamiento capitalino, el IFSE inició la investigación dentro de sus facultades.
Lecourtois López informó que algunas observaciones relacionadas con estas prácticas fueron solventadas mediante la devolución de recursos, mientras que otras permanecen firmes y continúan bajo investigación.
Por otra parte, sostuvo que la capital registra más de 400 millones de pesos en observaciones preliminares, el monto más alto entre los municipios del estado.
Estas observaciones aún pueden solventarse con documentación comprobatoria y el plazo vence el 1 de diciembre, fecha en que el IFSE entregará al Congreso local los informes finales de fiscalización, que serán públicos.
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