No avanza la denuncia por discriminación a persona LGBT+

La maestra María del Carmen Hernández, docente de educación primaria en la zona 127 de San luis Potosí, denunció públicamente haber sido víctima de discriminación y hostigamiento laboral solamente por demostrar su preferencia sexual por parte de su supervisor José Luis Castillo Barrientos, durante el periodo que desempeñó funciones como Asesora Técnico Pedagógica (ATP) por reconocimiento, desde septiembre de 2023. 

Acompañada de su abogada Xóchitl Tolentino, la víctima relató que durante los diez meses que le correspondió la comisión, enfrentó actos de discriminación basados en sus preferencias sexuales, los cuales aseguró trascendieron al ámbito legal y derivaron en la pérdida de su puesto educativo; “por medio de su abuso de poder y confabulación con la Secretaría, me quitaron la comisión que había obtenido legalmente mediante un proceso en SICAM, cumpliendo con todos los requisitos establecidos”, señaló la maestra. 

Hernández explicó que tras percatarse de la persistencia de las irregularidades y la protección brindada por las autoridades internas hacia el agresor, recurrió a la asesoría legal en febrero del año actual. Posteriormente solicitó una medida de protección al Departamento de Educación Primaria, siendo trasladada momentáneamente a otra zona, mientras se sigue con el proceso de denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí por discriminación y se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, no ha obtenido respuesta favorable. 

Sumado a ello, la docente también denunció que los acercamientos con la Secretaría de Educación  Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) han sido insuficientes y revictimizantes; “en las reuniones incluso me cuestionaban sobre el daño que habría sufrido, en lugar de tomar acciones contra el agresor. Se elaboran cartas de renuncia que obligan a firmar a maestras y maestros, y los informes que deberían entregarnos sólo se remiten a Derechos Humanos”.

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 puntualizó. 

Según la maestra Carmen, estas prácticas no sólo afectan su desarrollo profesional, sino que también han tenido un impacto directo en su salud, su familia y su economía. 

Por su parte, la abogada Xóchitl Tolentino aseguró que el caso seguirá su curso legal hasta lograr justicia y que se sancione al responsable de estos actos, destacando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas dentro de la SEGE en la entidad potosina.