IFSE advierte sanciones y cárcel contra proveedores.

Los proveedores involucrados en presuntos actos de corrupción durante la ejecución de obra pública podrían enfrentar sanciones económicas, suspensión de actividades, inhabilitación e incluso procesos penales, advirtió el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que el organismo continúa con las auditorías a las Cuentas Públicas 2025, principalmente en municipios y dependencias estatales, donde se revisa la documentación relacionada con obra pública.

Explicó que los auditores realizan trabajo de campo y confrontan la información entregada por los entes públicos con la documentación solicitada a terceros y proveedores, con el objetivo de verificar que los datos coincidan y que los procedimientos se hayan realizado conforme a la ley.

Lecourtois López señaló que el IFSE tiene facultades para requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, a fin de realizar compulsas y revisiones exhaustivas.

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De acuerdo con el auditor, las irregularidades detectadas podrían derivar en presuntos delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos, entre otros.

Precisó que, en caso de faltas graves, el organismo puede promover denuncias y sanciones administrativas o penales ante las autoridades competentes.

Entre las posibles consecuencias se encuentran penas económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por daños al patrimonio público, suspensión de actividades e incluso la disolución de sociedades, cuando se trate de personas morales.

Finalmente, el titular del IFSE llamó a funcionarios públicos y particulares relacionados con entes obligados a facilitar el acceso a información, documentación e inspecciones en sitio, para verificar el cumplimiento de procesos y normas.