Denuncian alto costo del trámite de identidad de género
El colectivo 'Todes Trans' expuso que el Estado cobra mil 488 pesos por el reconocimiento legal
Foto: Citlally Montaño/Pulso
El colectivo 'Todes Trans' denunció que en San Luis Potosí el Estado cobra 1 mil 488 pesos por el reconocimiento legal de la identidad de género, a través de un trámite administrativo que permite modificar los datos personales en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida.
De acuerdo con el colectivo, el cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda para incluir un pago por este procedimiento sin consulta ni aviso previo.
Con este cambio normativo, el ejercicio de un derecho humano quedó condicionado al cumplimiento de una obligación económica establecida en la legislación estatal.
La Ley de Hacienda fija el costo en 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por la resolución administrativa del trámite, el cual, puede ser solicitado directamente por la persona interesada y no cuenta con una vigencia específica.
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Además, se contemplan otros conceptos relacionados con rectificaciones y anotaciones en actas del Registro Civil, lo que en conjunto se traduce en un monto aproximado de 1 mil 488 pesos.
El colectivo señaló que el valor exigido no se desprende de manera clara del cálculo oficial de la UMA, lo que genera incertidumbre jurídica y debilita la seguridad de las personas usuarias.
El colectivo advirtió que este cobro tiene un impacto diferenciado en las personas trans y no binarias, quienes históricamente enfrentan exclusión laboral, precarización económica y barreras institucionales.
En este contexto, señalan que condicionar el reconocimiento legal de la identidad al pago de una cantidad económica profundiza desigualdades estructurales y convierte el acceso a un derecho en una barrera económica.
Todes Trans recordó que el derecho a la identidad de género forma parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) han establecido que estos procedimientos deben ser administrativos, sencillos, accesibles y tender a la gratuidad, para evitar que factores económicos limiten su ejercicio.
Finalmente, el colectivo concluyó que mientras otras entidades federativas avanzan en la eliminación de costos, en San Luis Potosí el reconocimiento legal de la identidad permanece sujeto a un esquema de cobro.
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