› Oscura iniciativa › Por mayoría
¿La Secretaría de Finanzas retrasaba el pago de la deuda con la UASLP porque, al no estar incluido en la Ley de Egresos, se violaba el precepto de que una autoridad no puede gastar en nada que no esté presupuestado?
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La iniciativa de la diputada del PVEM Dolores Robles, de modificar la Ley de Egresos de este año, presuntamente para permitir a la Sefin pagar esta y otras obligaciones, presenta algunos aspectos que despiertan suspicacia.
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Se supone que posibilita a la Sefin incluir en el presupuesto actual 8 rubros que, asegura la legisladora promovente, se generaron después de que se hubiera aprobado el plan de egresos vigente.
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Garantizar pagos de fondos de Pensiones que puedan agotarse, la deuda con la UASLP, los costos de la elección judicial, de las aportaciones al sector Salud para garantizar la gratuidad de los servicios, la inversión para resarcir los daños generados por las inundaciones del mes pasado, la reclasificación de créditos fiscales, adeudos de anteriores administraciones y “otras necesidades de gasto público”, son los rubros para los cuales se autoriza que finanzas realice las adecuaciones presupuestales para garantizar la suficiencia presupuestaria y pagar estas “situaciones extraordinarias”.
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El problema es que de todos los asuntos enlistados, sólo la emergencia climática es, en realidad, una gasto imprevisto. El resto de los demás rubros se conocían de antemano y considerarlas como algo extraordinario suena más bien a subsanar omisiones.
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Por ejemplo, desde 2016, el gobierno firmó con la Federación un convenio para realizar aportaciones anuales a la UASLP. A este gobierno le tocó asumir el gasto desde 2022. No puede decir que no podía haberlo incluido en el presupuesto de este año.
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En lo que respecta a los gastos de Salud, desde 2023, el gobierno potosino se adhirió al programa IMSS Bienestar. En enero del año siguiente, se crearon las reglas de operación que establecían las aportaciones de los estados.
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El problema de Pensiones es bien conocido y hay estudios actuariales que ubican los años en los que se vaciarían los fondos de retiro.
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Por otro lado, preocupa la ambigüedad de los últimos tres rubros citados: la reclasificación de créditos fiscales, los adeudos heredados y las “otras necesidades de gasto público”, hacen temer que se trate de dar a Finanzas una billetera abierta para gastar con opacidad.
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Las bancadas de oposición tienen la oportunidad, cuestionando los alcances de la iniciativa, de transparentar la iniciativa y garantizar que no haya manejos oscuros.
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En una sesión de académicos de la Facultad de Derecho se canceló la posibilidad de que se garantice que una mujer sea la próxima persona en la Dirección de esa instancia universitaria.
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Por aplastante mayoría, la audiencia exhortó a la Rectoría a que lleve un proceso de elección para la Dirección de Leyes como lo establecen los estatutos, que no muestran una inclinación especial hacia hombres y mujeres.
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La decisión colectiva se da días después de que un grupo de académicas pedía que se tomara la decisión con base en la equidad de género y las acciones afirmativas en favor de las mujeres.
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Habrá que ver la reacción de las promotoras de esta estrategia y si con la decisión de los catedráticos y catedráticas se elimina un riesgo para el proceso de renovación en Derecho.
