Dramática exigencia La duda
Marchas, plantones y manifestaciones se registran en nuestra ciudad, prácticamente todos los días. Hay quienes piden agua, otros rechazan alguna nueva medida legal que los afecta y también hay quienes pugnan por mantenerse en la ilegalidad y exigen seguir disfrutando de cierta tolerancia que les brinda por negligencia o incapacidad alguna autoridad.
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Pero la de ayer no fue una manifestación cualquiera y no deja de sorprender que mientras algunas personas exigen el supuesto “derecho” de privar a otro ser vivo de la existencia, haya quienes se mantengan en lucha por un motivo completamente opuesto: seguir viviendo y sobre todo seguir viviendo sano y con una calidad de vida mínimamente aceptable.
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Ayer, pacientes renales de San Luis Potosí solicitaron, con un plantón en lo que fuera el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, que se reactive el programa de trasplantes cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19, hace ya más de cinco años.
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El enojo y la desesperación son más que entendibles sobre todo si se toma en cuenta de que han sido víctimas de unas insensibles autoridades de salud que parecieran no entender lo urgente de su situación. En noviembre del año pasado supuestamente se reabriría el programa, pero hasta ahora no ha sucedido nada.
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La paciente de apenas 14 años de edad Arely Jazmín Gutiérrez espera un segundo trasplante y fue quien relató que desde la suspensión del programa ha recibido promesas incumplidas por parte de las autoridades.
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Para darnos una idea del tamaño del drama cabe señalar que en la unidad estatal existen aproximadamente 200 personas en lista de espera, incluyendo niños y adolescentes y lo más lamentable es que entre ellos algunos ya han fallecido a causa de la espera prolongada.
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Sobra decir que los pacientes dependen de los servicios de salud públicos y aunque reciben apoyo en medicamentos, con frecuencia se enfrentan a la escasez de insumos pues esta ha sido una de las más desastrosas características de la llamada 4T. Lo peor es que la situación no parece mejorar. Nadie con sangre corriendo en sus venas puede permanecer indiferente ante su precaria situación.
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Y no va a creer con la que salio J, Guadalupe Torres Sanchez, secretario general del estado. Resulta que pare él, no existe conflicto de interés en el hecho de que Berenice de la Rosa Reynoso, integrante del Órgano de Administración Judicial sea esposa de Rodrigo Joaquín Lecourtois López, casualmente titular del Instituto de Fiscalización de Superior del Estado (IFSE).
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Y no paró ahí. El funcionario estatal, advirtió con flamígero dedo levantado, que el sólo hecho de hacer notar la situación y más aún, atreverse a cuestionarlo, podría constituir una cuestión de discriminación por razones de género. ¡Bendito recurso de defensa!
Torres Sánchez argumenta que el nombramiento de De la Rosa Reynoso no fue responsabilidad de Lecourtois López y que por ello no puede considerarse el supuesto de nepotismo. Seguro de sí y hasta bastante crecidito, cuestionó: “¿Y el titular del Instituto de Fiscalización la nombró?”
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La respuesta es obvia. No. Pero por favor, quién no sabe o sospecha de la manera en que se manejan las relaciones públicas y el intercambio de favores en las actuales esferas del poder. El señor titular del IFSE tiene bastantes haberes en su cuenta y el nombramiento no puede dejar de verse como una recompensa, un premio a un destacado peón del ajedrez gallardista.
Pero demos por buenas y honestas las razones del funcionario. Aceptemos que en la designación de la señora De la Rosa Reynoso nada tuvo que ver el cargo de su esposo. Una duda persiste: ¿cumple con el perfil profesional para desempeñar una labor administrativa? Es pregunta.
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¡HASTA MAÑANA!
