EU acusa infiltración del narco en gobierno de BC
Washington sancionó a 21 personas y 25 empresas, incluido el exesposo de Marina del Pilar
Tommy Pigott señaló la influencia del narco en Baja California; en el recuadro, la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
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El gobierno de Estados Unidos acusó este martes al Cártel de Sinaloa de sostener una red de protección política y policial en Baja California, mediante sobornos que habrían permitido a la organización operar en ciudades fronterizas estratégicas para el tráfico de drogas.
El señalamiento acompañó las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra 21 personas y 25 empresas. Entre los incluidos figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que las medidas evidencian el efecto corrosivo de los cárteles sobre la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California. Según la declaración difundida, operadores políticos y un exresponsable de seguridad pública habrían recibido dinero para proteger las actividades del grupo criminal.
Washington presentó la acción como un intento de desarticular tanto las operaciones del cártel como las redes de influencia y financiamiento que facilitan el tráfico de fentanilo y la violencia a ambos lados de la frontera.
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Los señalamientos contra el exesposo de la gobernadora
El Departamento del Tesoro atribuye a Carlos Torres una alianza con Juan José Ponce Félix, "El Ruso", y lo señala por utilizar su influencia política para proteger al cártel. También acusa a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, de recibir sobornos y lavar recursos mediante empresas y campañas políticas.
La información difundida identifica además a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, como parte del esquema. Según las autoridades estadounidenses, habría recibido pagos a cambio de permitir que el grupo criminal influyera sobre la policía municipal.
Otro de los señalados es Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California, a quien Washington atribuye favores políticos para operadores del Cártel de Sinaloa.
Carlos Torres rechazó las acusaciones y anunció que acudirá ante la OFAC y otras autoridades para aclarar su situación. Sostuvo que los señalamientos proceden de denuncias anónimas y negó los vínculos criminales que se le atribuyen.
Marina del Pilar responde
El Gobierno de Baja California informó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas y que está legalmente divorciada de Carlos Torres. Señaló que el interés que ambos comparten es el bienestar de su hijo.
La administración estatal también aseguró que Ávila Olmeda no posee cuentas bancarias ni inmuebles en el extranjero y que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.
Como respuesta al anuncio, la mandataria instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas sancionadas han contratado con el gobierno estatal. Los expedientes que correspondan serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La administración aclaró que los señalados deberán atender directamente su situación jurídica y que no hablará en su nombre.
La disputa del Cártel de Sinaloa y el control fronterizo
El paquete también alcanza a Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", identificado por Washington como dirigente de Los Mayos, la facción que disputa territorios con Los Chapitos.
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Pigott recordó que el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta cinco millones de dólares por cada unode los hermanos Alfonso Arzate García, "Aquiles", y René Arzate García, "La Rana", así como por "El Ruso", a cambio de información que conduzca a su arresto o condena.
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Las medidas anunciadas son sanciones administrativas estadounidenses. Las acusaciones deben atribuirse a Washington y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal contra las personas señaladas.
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