Casos en Sinaloa evidencian riesgos para buscadoras de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 30 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de México respondió a un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos, que pidió este miércoles que proteja a las mujeres que buscan a personas desaparecidas ante los niveles "alarmantes" de violencia que sufren y que, en los casos más graves, han desembocado en su propio asesinato o desaparición forzada.

ONU alerta sobre violencia contra buscadoras en México

La noche de este miércoles 30 de septiembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijeron que estos cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas".

El grupo de expertos recordó algunos hechos recientes en el estado de Sinaloa que ilustran tales riesgos, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla; la agresión junto a su hija de la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina; o el asesinato de la integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, Rubí Gómez-Tagle, entre otros casos.

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Acciones oficiales y compromiso del gobierno

En este contexto, los expertos subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponden al Estado y no pueden recaer sobre los hombros de las familias, aunque debe garantizarse la participación de estas.

"El Gobierno de México reitera su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, y condena todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda", señalaron en un comunicado conjunto la SRE y la Segob.

Aseguraron las dependencias que el Estado mexicano reconoce que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Mencionaron que para atenderlos, en los últimos años se han implementado y fortalecido diversas acciones, reformas legales y políticas públicas dirigidas a combatir este delito.

Gobernación y Relaciones Exteriores indicaron que la cooperación internacional "es un componente central de este esfuerzo". De la mano de agencias de las Naciones Unidas, como la ONU-DH y el UNFPA, así como de la CIDH, se han fortalecido los mecanismos de asistencia técnica y capacitación para contar con mejores herramientas en la atención de este delito, aseveraron.

Las Secretarías reiteraron que la atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados.

"El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.

"Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia. Por ello, autoridades del más alto nivel han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan, y atender sus planteamientos", dijeron la SRE y la Segob.

El Gobierno de México reafirmó que la búsqueda de personas "es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas", además que se cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.