BATALLA PERDIDA

Dice Kissinger que las únicas batallas que no se pierden son las que no se combaten. El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona decidió combatir la suya contra la Universidad, y perdió. A diferencia de otras varias, esta vez la derrota no llegó envuelta en un mandato judicial (rehabilitación de Xavier Nava) o en una intervención federal (proyecto de Corcovada). No, esta vez el fracaso fue un simple reconocimiento de que el gobierno Sin Límites sí tiene límites.

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No sé si alguno de estos días o cualquiera de estos años los potosinos lleguemos a saber qué había en la cabeza del gobernador cuando decidió hostigar a la UASLP, que no le echaba incienso cada amanecer pero tampoco lo cuestionaba, lo desafiaba o lo incomodaba. Simplemente un día de tantos, muy al inicio de su sexenio, Gallardo Cardona decidió de buenas a primeras insultar a la institución, llamándola "La Casa de los Desobligados" y acusándola de incorporar a elementos indeseables. Luego, a partir del 2023, decidió recortar drásticamente el subsidio estatal para la Universidad, escudándose en la salvedad contenida en el convenio respectivo de que su pago quedaba condicionado a que el gobierno estatal contara con suficiencia presupuestal.

Después, cuando la casa de estudios comenzó a reclamar el pago de lo que se le debía, la respuesta gubernamental fue soltar los mastines del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y amenazar hasta con ruina patrimonial al rector y acompañantes. 

Pero quizá el momento más tonto -por no decir estúpido- ocurrió hace apenas una semana, el jueves 2 de octubre, cuando ante una desvaída manifestación estudiantil de 70 u 80 jóvenes, el gallardismo respondió enviando un grupo de choque de cuarentones mal disfrazados, a provocar a los jóvenes manifestantes, de los cuales solo una parte eran universitarios. Afortunadamente, no respondieron a la provocación y se conjuró cualquier asomo de 

violencia.

Afortunadamente, luego de esa horrorosa exhibición de oligofrenia, algo o alguien hizo entrar en razón a las fuerzas palaciegas y se giraron las instrucciones necesarias para poner punto final al diferendo, olvidándose de descuentos, pagos en especie o condicionantes para el pago.

Y aquí salta la paradoja: la solución en vías de concretarse consiste justa y precisamente en cumplir lo que desde enero debió comenzar a pagarse. Es decir ¿de qué diablos sirvieron estos meses de negativas, tensiones y regateos para terminar haciendo lo que estaban obligados a hacer? ¿Qué se pretendía? ¿doblegar por empobrecimiento a una comunidad universitaria de 40 mil integrantes? ¡Qué locura!

Si además vemos con detenimiento el cuadro completo, encontraremos escenas verdaderamente incomprensibles, si no es que demenciales: De ser ese el caso, ¿para qué hubiera querido Gallardo someter a la UASLP? Salvo una patología aguda de prepotencia, ningún caso tenía apoderarse del Alma Mater. ¿Para imponer un rector de su gusto? No habría podido, ni por normatividad ni por aceptación sumisa. ¿Para apropiarse del presupuesto universitario? De hecho, la Universidad camina sobre la cuerda floja de la insuficiencia presupuestal. No hay manera de entender estos desaguisados tan 

peligrosos.

A la luz del arreglo anunciado, que debe comenzar a concretarse en estos días, sería muy fácil decir que la estrategia de moderación, cautela y prudencia adoptada por la rectoría y el Consejo Directivo fue lo más adecuado, pero eso sería estrechar el ángulo de visión. Sí, la ciudad y el estado mismo se salvaron de convulsiones mayores, pero las autoridades universitarias estuvieron muy cerca de ser rebasadas por estudiantes y maestros, principalmente, y mucho me temo que en un nuevo jaloneo con el gobierno el margen de tolerancia de la comunidad va a ser mucho menor.

Antes de dar paso a unas reflexiones finales, resulta prudente aportar algunos números del asunto. En el convenio que de su puño y letra firmó Gallardo Cardona con la SEP y la Rectoría, se comprometió a entregar 506 millones 155 mil 546 pesos a la UASLP, en el transcurso de este año. Previo a la firma de ese documento (8 de enero 2025), el presupuesto de egresos del estado, aprobado en diciembre, contemplaba únicamente 300 millones.

La diferencia entre ambas cifras, del orden de 206 millones de pesos, es el adeudo acumulado, que según el acuerdo alcanzado el lunes entre Gobierno y Universidad, será íntegramente pagado a más tardar el último día de este mes. Por eso es que unos hablan de 200 millones y cachito y otros de 500 millones.

Nunca hay un mal momento para resolver cualquier conflicto, pero tengo la impresión de que el gobierno gallardista de súbito tuvo -por inspiración propia o por inducción ajena- la lucidez suficiente para entender que ya eran demasiados pleitos los que traía entre manos, y que una eventual crisis en el diferendo con la UASLP podría ser el catalizador que los hiciera estallar en cadena.

Estoy pensando en su distanciamiento con el arzobispado, en sus cotidianos desencuentros con el ayuntamiento de la capital; la cada vez más difícil contención de los pensionados, sus constantes roces con las dirigencias de la Coparmex y de la Cámara de la Construcción (entre otras), el inevitable choque con los dueños de El Domo a quienes ha doblegado sañudamente, y con los no pocos contratistas a quienes tiene al borde de la quiebra, si no es que ya quebrados. Más recientemente, una veintena de dueños o directivos de portales informativos salieron al llano a decir que este gobierno los acosa, amenaza y maltrata. Y conste que no revuelvo aquí, porque es algo en pleno desarrollo, el cada vez más notable alejamiento con Morena, su supuesto aliado. No hay que perder de vista del calendario.

LA MARCA Y LA LOGÍSTICA

 Hace cosa de tres meses, comenté aquí lo que poco antes me había dicho un lúcido dirigente morenista, palabras más, palabras menos: "Con Morena tenemos una marca muy potente, pero nos falta estructura, organización". A partir de ahí, yo utilice la metáfora de que, en efecto, de nada serviría que me dieran la concesión exclusiva de Coca Cola en la ciudad, si carecía de bodegas, vendedores, flotilla de camiones repartidores, publicistas, etcétera, etcétera.

A pasos acelerados, el panorama está cambiando. Una de las acciones en las que más esperanzas se puso y que va avanzando bastante bien fue la de constituir, organizar y capacitar mil 843 comités seccionales. Es decir, uno por cada sección electoral en la entidad.

El núcleo base de estos comités es de cinco personas: un presidente o presidenta, un secretario o secretaria general y tres secretarios más: uno de Organización, otro u otra de Formación Política y uno(a) más de Acción Electoral. Esto significa un contingente de casi 10 mil militantes guindas organizados, capacitados, supervisados, motivados y con suficiente apoyo financiero para cumplir sus encomiendas.

El trabajo de integración de esos comités debe estar concluido en todo el país a más tardar el 18 de enero próximo. Aquí, al martes pasado se habían armado poco más de mil, y se estima que para un mes antes de la fecha límite se haya completado la meta de los mil 843.

Cumplida la fase de integración, vendrán meses de capacitación en los temas ya citados de Organización, Formación Política y Acción Electoral. El número de cinco integrantes es el mínimo. Ya en desarrollo, cada comité podrá admitir más integrantes en calidad de vocales, por lo que se estima que el semillero de 9 mil 215 activistas puede duplicarse con facilidad.

En su conjunto, estos comités seccionales serán los cimientos de otras estructuras mayores: las de promoción, movilización y defensa del voto. 

Si las cosas siguen al ritmo que van, para diciembre o enero estarán constituidos todos los comités potosinos, y para dentro de un año Morena contará con el mejor ejército de activistas, promotores, representantes de casilla y, en general, defensores del voto, para enfrentar las elecciones de junio del 2027. Lógicamente, hay mayor intensidad y cuidado en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador, San Luis incluido.

Por lo que veo y oigo, los morenistas potosinos entendieron que de poco les servirá la mayor intención de voto que mantienen si se descuidan y en las urnas le dan la voltereta al marcador.

COMPRIMIDOS

Cada día que pasa, en estas tierras surgen nuevos puntos de desacuerdo entre Morena y Verde, que provocan que la alianza electoral para la gubernatura se vea cada vez más difícil. Apenas hace una semana la dirigente nacional guinda, Luisa María Alcalde, se pronunció abiertamente en contra de reformas legales en los estados para hacer obligatorio que las siguientes gobernantes sean mujeres, a chaleco. Mirando sobre todo a Nuevo León y San Luis Potosí, cuyos mandatarios quieren heredarles el cargo a sus esposas. Si la cacareada iniciativa gallardista en ese tema logra llegar al Congreso, va a ser muy pero muy interesante ver cómo amarran desde el Ejecutivo la mayoría calificada necesaria.

Con motivo de las fiestas patrias, ya sabe usted, Grito, desfile y cosas parecidas, Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos se dejaron fotografiar en plan de grandes cuates, pero una vez más el intento sirvió para corroborar que sus treguas o acercamientos duran lo mismo que un suspiro. Todo fue que Interapas dijera que ni la Arena Potosí ni la Feria tienen en orden su conexión a la red de agua potable, para que los desdentados mastines gallardistas tipo Luis Fernando Gámez y Juan Manuel Navarro, salieran a ladrar que ya pronto (antes de que acabe el siglo), van a desmadrar al organismo operador. Llevan años con ese rollo.

La jugada del líder nacional de Movimiento Ciudadano, de "destapar" a la destacada deportista potosina Paola Longoria como un prospecto más para la candidatura de ese partido a gobernadora del Estado, no es tan disparatada como parece. Además de que Paola es potosina por nacimiento, aunque toda su carrera la ha hecho radicando en Nuevo León, no tendría impedimento legal para obtener la candidatura. Y si bien se ve muy difícil que pudiera ganar las elecciones, puede cumplir el objetivo emecista de subir el porcentaje de sus votos y así irse preparando para el 2030.

En días pasados, a propósito de no sé qué cosas, varios empresarios, salieron a echarle porras al gobierno, entre otras cosas por la visionaria decisión de abrir una oficina de representación comercial e industrial en Osaka, Japón. A ver si ahora que ya hubo loas logramos enterarnos de quién está al frente de ese changarro, con qué personal y presupuesto cuenta y qué domicilio tiene. Huele a farsa.

Hasta el próximo jueves.