La red Taddei atrapa al Ceepac

La estrepitosa caída de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) implica el mayor impacto a su imagen que enfrenta el órgano que rige los comicios en el país y lo sume en su peor crisis de credibilidad en sus 36 años de historia, desde que fue creado como Instituto Federal Electoral.

   Lo más triste es que este desplome se dio a través del más prosaico esquema de corrupción que pueda existir: empresarios que se coluden con funcionarios ubicados en posiciones privilegiadas para beneficiarse con recursos del erario.

   Para empeorar las cosas, este escándalo se da a la sombra de un régimen que prometió, precisamente, acabar con la corrupción del pasado porque, justamente, eran diferentes a los gobiernos anteriores que explotaron la corrupción durante décadas. 

   La 4T, el gobierno federal y Morena podrán argumentar todas las excusas que quieran, pero es innegable que la paternidad del escándalo es suya.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En términos amplios, lo que ocurrió en el INE fue que unos empresarios, hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, erigieron un entramado de empresas dedicadas al rubro de la papelería y material electoral, se acercaron a Taddei Zavala para coludirse y convertirse en los proveedores favoritos del instituto para los procesos electorales de 2021 y 2024.

Pero no se conformaron con el INE.    Aprovechando la regresión del proceso de descentralización de los organismos públicos locales electorales, la influencia del INE de Taddei extendió sus redes a los estados. Consejos e institutos electorales también otorgaron jugosos contratos a las empresas de los Hernández Casillas, que junto a los que entregó el INE, superarían los dos mil 500 millones de pesos entre 2021 y 2024.

   Esa red también atrapó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Una revisión documental de las contrataciones del organismo electoral potosino muestra que en los comicios de esos años, cuatro empresas del entramado de los Hernández Casillas se llevaron 43.4 millones de pesos en contratos por papelería y material electoral.

   En los comicios de 2021, en los que concurrieron elecciones locales y federales, incluyendo la gubernatura, la empresa Gráfica Corona JE SA de CV obtuvo 12.1 millones de pesos y Formas Inteligentes SA de CV ganó 8.9 millones de pesos en la licitación CEEPAC-LPN-001-2021 por la impresión de boletas y papelería electoral.  

   En la licitación CEEPAC-LPN-02-2021, emitida para la compra de urnas, mamparas y mesas que se usaron en esa elección, Corporativo ZEG obtuvo 4.4 millones de pesos, mientras que Cajas Graf tuvo contratos menos onerosos, por 567 mil 936 pesos.

   En esas elecciones, las empresas ahora en el ojo de la tormenta obtuvieron 26.1 millones de pesos.

   En las elecciones intermedias, la participación se redujo. Corporativo ZEG tuvo un contrato por 17.2 millones de pesos, mientras que Formas Inteligentes registra sólo nueve mil pesos de ingresos.

Cabe aclarar que la cifra de 43.4 millones de pesos podría no ser exacta. Uno de los hallazgos de esta búsqueda documental fue que el Ceepac es un activo practicante de la opacidad en materia de contrataciones.

   Por ejemplo, en su página web, su enlace a la sección de licitaciones emitidas para los comicios de 2021 simplemente no funciona.

En la Plataforma Estatal de Transparencia, la información sobre contratos y licitaciones está fragmentada y publicada con bastante atraso.

   E incluso cuando se cumple con la publicación de los documentos, estos están afectados con una de las más burdas prácticas de opacidad de las dependencias públicas potosinas: utilizar un grado de definición ínfimo en sus archivos PDF, que en la práctica los hace ilegibles.

   Algunas de las cifras encontradas aparecen en dos contratos relacionados con estas operaciones, mientras que otras cantidades se encontraron en los reportes de egresos del consejo. 

   Aun con esos obstáculos, no fue posible ocultar del todo los beneficios que obtuvieron las empresas de la red Taddei del Ceepac.

El modus operandi de las contrataciones es exactamente el mismo que describen los reportes periodísticos que destaparon el escándalo. Empresas del mismo tronco aparecen como competidoras en distintos concursos, lo que hace pensar en una rivalidad simulada, que acaba llevando los recursos a una sola raíz.

   Los representantes legales de las empresas en esas compras están ahora envueltos en la controversia.

Daniela Riquelme Gutiérrez apareció como representante de Corporativo Graf en la licitación que ganó la empresa en 2021. Ahora se le vincula a la simulación de competencia entre empresas del grupo.

Adrián Esquivel Vargas, apoderado de Corporativo Zeg en 2021, también ha sido vinculado a estas simulaciones.  

   La empresa cambió de representante en la licitación de 2024. Entonces, Juan Carlos Enrique Cuervo Escalante ocupó ese cargo. Años antes, ocupó una posición en el propio INE, como director de Coordinación y Análisis en el INE de Lorenzo Córdova. Las adquisiciones se registraron bajo los mandatos de Laura Elena Fonseca Leal, en los comicios de 2021; y de Paloma Blanco López, en las elecciones de 2024.  Ellas sabrán las condiciones en las que se realizaron esas compras, si hubo alguna línea y si se dieron cuenta de los hilos que conectaban a la red.

¿Récord?

El 26 de octubre pasado, la senadora por el Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, presentó su segundo informe de labores. Como no se había visto antes, este acto de rendición de cuentas tuvo una profusa difusión, sólo por debajo del también reciente quinto informe de su marido, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Ya se ha analizado la parte política de su mensaje, que básicamente consistió en defender su derecho a ser candidata a suceder a su marido en la gubernatura en los comicios de 2027.

La otra parte que fue bastante difundida posteriormente fue su afirmación de haber presentado una cantidad récord de iniciativas, dando a entender que ha sido la senadora más activa. Presumió 134 iniciativas presentadas en dos años de labores, lo que, según el comunicado de prensa emitido sobre el evento, "representa más del doble del registro histórico anterior de 66 iniciativas conjuntas en un periodo equivalente. En cuanto a las propuestas individuales, señaló que superó en 53 por ciento la marca previa de 30". 

La afirmación no precisó si la senadora del PVEM había superado a todos los demás senadores, a los de su bancada o a las otras dos personas que representan a San Luis en el Senado: la panista Verónica Rodríguez Hernández o el verde Gilberto Hernández Villafuerte.

Tampoco se señala a quién desbancó y desde cuándo estaba vigente la anterior marca.

Las dudas sobre ese récord se ahondan al revisar los datos oficiales de la Cámara Alta, que presentan bastantes diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, con respecto a la afirmación atribuida a la senadora.

De inicio, la sección de Información Parlamentaria de la página web del Senado reconoce 115 iniciativas presentadas por González Silva, 19 menos que la cifra presumida.

Pero esa cifra es significativa cuando se le compara con sus colegas. A los potosinos, los supera claramente. Rodríguez Hernández tiene 54 iniciativas registradas y Hernández Villafuerte, 63.

Pero no es la más productiva entre los 128 senadores. Ocupa el sexto lugar de una lista encabezada por la senadora priista Paloma Sánchez, que registra 213 iniciativas presentadas. 

La revisión arroja otro dato relevante, relativo a la eficacia legislativa de la senadora potosina.

El Congreso Calificado, el instrumento que evalúa el desempeño de los diputados locales, que lo odian por exhibir sus pobres evaluaciones, define la eficacia legislativa como "un indicador que mide y pondera la eficacia de los legisladores para lograr que las iniciativas que presentan se aprueben por el pleno del Congreso. Presentar iniciativas tendrá significativamente menos valor que lograr su aprobación".

Aplicando el indicador al Senado, es decir, establecer cuántas de las iniciativas presentadas por la senadora llegaron al final del proceso legislativo, arroja resultados llamativos.

Antes, cabe comentar un hallazgo en el desglose de las iniciativas presentadas por Ruth González. De las 115 iniciativas que se le reconocen, 30 las presentó en solitario, mientras que en 85, sumó su firma a un bloque, generalmente integrado por sus colegas del PVEM. Es decir, que el 26% de ellas son por propio mérito.

Ahora bien, en cuanto a las iniciativas que presentó que lograron ser aprobadas, los números son significativamente menores.

Sólo cinco iniciativas, el 4.3 por ciento de las que presentó, fueron aprobadas. Y de ellas, tres son de autoría exclusiva y dos más, de mérito colectivo.

Las 110 iniciativas restantes, de las cuáles ella presentó 27, siguen en estatus de pendiente.

Como en casi todos los informes que realizan las autoridades, el verdadero sentido de los datos pasa a un segundo plano, superado por el lucimiento que le puede producir a quien lo emite.

Y Ruth González no es la excepción.