Mónica Rangel afronta una nueva acusación
El órgano fiscalizador le finca a la extitular de Salud un nuevo procedimiento por responsabilidad administrativa

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A más de cuatro años de que la extitular de los Servicios de Salud, Mónica Rangel Martínez, fuera sentenciada por fraude, la Contraloría General del Estado (CGE) le inició un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa.
Contraloría General del Estado inicia procedimiento administrativo
Lo anterior quedó expuesto en una notificación pública publicada ayer en el Periódico Oficial del Estado, recurso utilizado ante la imposibilidad del organismo estatal para localizar a la exfuncionaria estatal.
El documento señala que el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de San Luis Potosí inició el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CGE/OIC-SSSLP/EPRA/001/2026, en el que se presume que la exintegrante del gobierno de priista Juan Manuel Carreras López incurrió en una nueva irregularidad.
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Detalles del procedimiento y citatorio a Mónica Rangel
El citatorio detalla que el pasado 1 de julio, la CGE ordenó notificarla y emplazarla a través de la publicación del aviso "ante la imposibilidad de notificarla en los domicilios que se tienen señalados en autos".
Por esta vía, se le notificó a la extitular de Salud que está citada a comparecer a la audiencia inicial del proceso, a las 10:00 horas del próximo 13 de octubre.
En esa audiencia, la exfuncionaria tendrá oportunidad de ofrecer las pruebas que considere necesarias para su defensa.
En caso de no acudir sin causa justificada, el citatorio advierte que perdería el derecho a ofrecer pruebas y a emitir alegatos al respecto, por lo que se emitirá la resolución correspondiente.
El oficio está firmado por Jorge Elías Juache Jiménez, funcionario de la CGE.
En mayo de 2022, Rangel Martínez fue sentenciada por un juez a cuatro años y 11 meses de prisión tras declararse culpable de los delitos de uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa, por una compra simulada de insecticida para controlar el mosquito del dengue en la Huasteca.
La exfuncionaria salió libre tras entregar 22 millones de pesos como reparación del daño.
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