Alertan por daños en acuífero del Altiplano por decreto de concesiones
El colectivo Defensa Wadley alerta sobre el impacto negativo de las facilidades en concesiones de agua en el Altiplano.

El colectivo Defensa Wadley alertó sobre el riesgo irreversible para el Altiplano tras el reciente decreto de facilidades administrativas que busca simplificar la regularización de concesiones y asignaciones de aguas nacionales. Aunque el gobierno federal plantea que el mecanismo agilizará trámites para usos domésticos, agrícolas, pecuarios y acuícolas la organización advierte que, en acuíferos ya sobreexplotados, estas "facilidades" pueden profundizar la crisis hídrica en lugar de resolverla.
El caso del acuífero Vanegas–Catorce (clave 2401) es emblemático pues cubre 4 mil 381.7 kilometros cuadrados y, según la propia evaluación técnica de CONAGUA, presenta una disponibilidad negativa de 7 millones 936 mil 581 metros cúbicos anuales es decir, no existe volumen disponible y ya hay un déficit anual de casi 7.94 millones de metros cúbicos, por lo que no procede otorgar nuevas concesiones. Frente a esta evidencia técnica, Defensa Wadley consideró imprudente que un marco que facilita regularizaciones no vaya acompañado de salvaguardas estrictas para acuíferos en déficit.
Señalaron que estimaciones locales muestran que el riego de apenas 160 hectáreas de tomate demanda más de 4 millones de metros cúbicos al año, y a ese consumo se suman megaproyectos agroindustriales como granjas avícolas y porcinas que elevan la extracción y la generación de contaminantes que afectan mantos freáticos y suelos. Defensa Wadley subrayó que gran parte de ese crecimiento ha ocurrido en un contexto de vigilancia ambiental insuficiente y proliferación de pozos no registrados.
Por todo lo anterior, la organización exigió a la CONAGUA y a las autoridades federales y estatales que, no otorguen nuevos permisos ni concesiones en el acuífero Vanegas–Catorce; apliquen el propio decreto poniendo como condición inexcusable la revisión pormenorizada de los antecedentes registrales y la verificación en campo de volúmenes extraídos (tal como exige el decreto para quienes pretendan regularizarse); y inicien auditorías y sanciones contra el uso ilegal del agua y los pozos clandestinos que agravan la sobreexplotación. Defensa Wadley pidió que la regularización no se convierta en un pase libre para profundizar la pérdida de agua.
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Finalmente, la agrupación reclama que la protección del agua se entienda también como protección cultural y ambiental: la Ruta Wixárika que incluye a Wirikuta, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, depende de la salud de los acuíferos del Altiplano.
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