Acusan a funcionarios federales de presionar a indígenas por amparos
Emprendieron acciones legales por el recorte presupuestal al FAISPIAM
El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez, acusó a funcionarios federales de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de ejercer presiones y actos de hostigamiento contra comunidades que promovieron amparos por el recorte presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
Según Cisneros, desde que distintas comunidades decidieron defenderse legalmente del ajuste al presupuesto, el delegado de Bienestar, Guillermo Morales, y el titular del INPI en el estado, Mario Godoy Ramos, instruyeron a servidores de la nación para presionar a las autoridades indígenas firmantes de los amparos con el fin de que desistieran.
Afirmó que, aunque existe la posibilidad de dos comunidades retiren sus recursos legales, esto ocurre bajo amenazas, chantajes, bloqueo de cuentas, retención de tarjetas y otros mecanismos de presión.
Cisneros recordó que el FAISPIAM sufrió un ajuste significativo luego de que se modificara el decreto del 13 de marzo, aplicando una fórmula que redujo 56.7 millones de pesos destinados a 23 municipios y 536 comunidades. Aseguró que Bienestar incurrió en un error de origen al no tomar en cuenta el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas para distribuir los recursos, lo que dejó fuera a localidades con población indígena. La corrección posterior, dijo, buscó únicamente "estirar" el presupuesto sin solicitar una ampliación que evidenciara fallas institucionales.
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El Observatorio Indígena también cuestionó que los juzgados Quinto y Séptimo de Ciudad Valles admitieran 13 amparos por encontrar materia legal suficiente, incluso otorgando suspensiones provisionales y definitivas.
Sin embargo, Cisneros denunció que Bienestar e INPI han incumplido al menos cinco requerimientos judiciales, sin que existan sanciones por parte de la nueva jueza, lo que afirmó prolonga los procesos y favorece la impunidad.
Cisneros acusó al titular del INPI, Mario Godoy Ramos, de buscar criminalizar a consejeros nacionales que mantienen un amparo contra su designación como funcionario federal. Lo señaló de excluirlos del trabajo institucional, discriminarlos y operar desde el anonimato para hostigarlos.
Para Cisneros, las víctimas de esta situación son "los consejeros, las consejeras y sus comunidades", especialmente aquellas que continúan bajo presión para desistirse de los amparos. Finalmente, advirtió que recurrir al anonimato para intervenir en el debate público solo revela falta de argumentos y voluntad para enfrentar los señalamientos de manera abierta.
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